En diálogo con FM GENTE, Julio Acosta (presidente de Sipolma) explicó que se han dado varios casos –Seccional 5ta y Sub Comisaría de San Rafael- en los que contactos directos y convivientes de sospechosos de Covid-19 son obligados a seguir trabajando con el riesgo de contagios al resto de los trabajadores.
Acosta dijo que en el caso de la Sub Comisaría de San Rafael hubo 6 contagios derivados de una funcionaria que comunicó que su esposo había sido puesto en cuarentena por sospecha de Covid y desde Jefatura le exigieron que continuara trabajando.
A las 48 horas se confirmó el positivo de su esposo y recién ahí se autorizó a que la funcionaria de San Rafael ingresara en cuarentena; de acuerdo a lo relatado por Acosta, tampoco en esa oportunidad fueron acuarentenados quienes habían tenido contacto con la trabajadora.
El episodio finalizó con la funcionaria también positiva y al menos 6 agentes más –de los que compartieron turnos con ella- también contagiados, según lo explicado por Acosta.
El Sindicato también denunció “la excesiva cantidad de chalecos antibalas vencidos en uso de los funcionarios”, lo que estiman expone a los policías “a riesgo de vida”.
Acosta dijo que son 400 los chalecos en esta situación, que hace un año que reclaman por este tema y agregó que sólo hay un remanente de talles que no corresponden a los que los necesarios”.
Además, agregó que autoridades de Jefatura de Maldonado les contestan que dependen de Montevideo y de licitaciones que tiene que realizar el Ministerio del Interior para adquirir grandes cantidades.
Asimismo cuestionan el “requisito excluyente de no tener tatuajes para ingresar a la institución policial cuando la mayoría de los efectivos en actividad cuentan con algún tatuaje”. Sipolma entiende que “se estaría en una clara violación al artículo 7 de la Constitución de la República”.
El cúmulo de situaciones, explicó Acosta, llevó a que SIPOLMA presentara estas denuncias a la Institución Nacional de Derechos Humanos y adelantó que ya recibieron respuesta acerca de que fueron tomadas por la INDDHH y que pasarán a estudio.
Acosta dijo que en el caso de la Sub Comisaría de San Rafael hubo 6 contagios derivados de una funcionaria que comunicó que su esposo había sido puesto en cuarentena por sospecha de Covid y desde Jefatura le exigieron que continuara trabajando.
A las 48 horas se confirmó el positivo de su esposo y recién ahí se autorizó a que la funcionaria de San Rafael ingresara en cuarentena; de acuerdo a lo relatado por Acosta, tampoco en esa oportunidad fueron acuarentenados quienes habían tenido contacto con la trabajadora.
El episodio finalizó con la funcionaria también positiva y al menos 6 agentes más –de los que compartieron turnos con ella- también contagiados, según lo explicado por Acosta.
El Sindicato también denunció “la excesiva cantidad de chalecos antibalas vencidos en uso de los funcionarios”, lo que estiman expone a los policías “a riesgo de vida”.
Acosta dijo que son 400 los chalecos en esta situación, que hace un año que reclaman por este tema y agregó que sólo hay un remanente de talles que no corresponden a los que los necesarios”.
Además, agregó que autoridades de Jefatura de Maldonado les contestan que dependen de Montevideo y de licitaciones que tiene que realizar el Ministerio del Interior para adquirir grandes cantidades.
Asimismo cuestionan el “requisito excluyente de no tener tatuajes para ingresar a la institución policial cuando la mayoría de los efectivos en actividad cuentan con algún tatuaje”. Sipolma entiende que “se estaría en una clara violación al artículo 7 de la Constitución de la República”.
El cúmulo de situaciones, explicó Acosta, llevó a que SIPOLMA presentara estas denuncias a la Institución Nacional de Derechos Humanos y adelantó que ya recibieron respuesta acerca de que fueron tomadas por la INDDHH y que pasarán a estudio.
