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Los ediles del Frente Amplio integrantes de la comisión investigadora de la Junta Departamental de Maldonado solicitaron información sobre la adjudicación de tareas a un proveedor.

Los legisladores requirieron detalles sobre las tareas asignadas, la resolución que dispuso su realización, los procedimientos competitivos aplicados y los criterios utilizados para seleccionar al proveedor.

Asimismo, pidieron que se informe si la empresa Ramón Sosa Lascano ha sido contratada como proveedor, si está registrada en el Registro de Proveedores de la Junta Departamental y en el RUPE, y en qué rubro ha prestado servicios. También solicitaron antecedentes de contrataciones previas y trabajos realizados por la firma.

El pedido incluye información sobre la fecha de registro de la empresa como proveedor de la Junta y el momento en que comenzaron las contrataciones. En este sentido, se requirió la totalidad de las órdenes de compra, facturas emitidas y constancias de pago correspondientes.

“Se informe el detalle de los trabajos realizados que correspondan a cada factura librada y abonada”, expresa el documento. Además, los ediles solicitaron conocer si hay tareas pendientes de ejecución o facturas aún no pagadas.

Otro punto abordado es la forma en que se realizaron los pagos, exigiendo que se precise si los montos fueron depositados en cuentas bancarias a nombre de la empresa y si coinciden con las registradas en la Junta Departamental o en el RUPE.

El pedido de la bancada frenteamplista también abarca la entrega de “copia de todos los registros contables de la Junta Departamental, del período 01/01/2020 a 31/12/2024, en los que figure dicha empresa y copia de la Cuenta Corriente como proveedor”.

También solicitaron disponer de toda la documentación en poder de la presidenta del órgano legislativo departamental.

La edila Ana Antúnez señaló que "la documentación presentada ante la bancada consistió en 10 fotocopias que no contienen datos personales, sino claves de movimientos y transacciones, además de un asunto que menciona la Junta Departamental o al edil Sánchez". A pesar de que los montos involucrados superan el millón de pesos, advirtió que "no sabemos si eso efectivamente salió de la Junta Departamental". En este sentido, agregó que "lo primero que se debe hacer es una investigación administrativa, que en este momento no nos consta que la presidenta lo haya solicitado".