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Washington Ferdinand (W.F.) - ¿En qué situación está el UPE y cuáles son las acciones que se esperan para las próximas horas?

Luis Garibaldi (L.G.) - Está a consideración de la ministra un proyecto de resolución y un proyecto de decreto que fue consultado –no resuelto- con el Consejo Consultivo de Educación Terciaria Privada (CCETP). La resolución va a revocar la autorización para el funcionamiento del instituto, tal cual fue recomendado por el CCETP en dos ocasiones. El decreto determinará las condiciones en que los estudiantes se van a incorporar al sistema terciario privado, que es el que regula el Ministerio de Educación y Cultura (MEC).

W.F. - ¿Cuáles son esas condiciones? Se imaginará que acá hay muchos padres y estudiantes que están esperando esa información.

L. G - Sí, nosotros ya hemos informado a varias delegaciones de estudiantes, legisladores, ediles, intendentes e incluso docentes que nos han consultado sobre esto. Tenemos básicamente dos situaciones. Una es la situación propiamente dicha de Maldonado, una institución que estaba autorizada y con carreras de Derecho, Contador Público y Notariado reconocidas. Por lo tanto, para estas situaciones de estudiantes que han cursado hasta el momento en situación normal y reglamentaria, para esos estudiantes se le va a autorizar por decreto a las instituciones universitarias privadas, que puedan reconocer lo cursado, lo aprobado. Y en el caso de ser necesario, pueden revalidar superando los 2/3 que establece el decreto (Nº 308). Por lo tanto, se les va a tener en cuenta todo lo estudiado hasta el momento. Esa es una situación de Maldonado. Obviamente la reválida y el estudio de las correspondientes actuaciones en este instituto será a cargo de las instituciones que están autorizadas y con carreras reconocidas. Esa es la garantía del MEC: que serán incorporados a carreras que tienen el reconocimiento y el seguimiento correspondiente.

W.F - ¿El reconocimiento de todo lo estudiado hasta el momento, de todo lo aprobado?

L.G - Eso lo pueden revalidar las instituciones privadas. Se les va a considerar todo lo estudiado, por encima de los 2/3 que establece el decreto. El decreto establece que una institución puede revalidar hasta 2/3 en materias cursadas en otras instituciones. En este caso se haría una excepción para que todos los estudios realizados en el UPE no necesariamente estén topeados por estos 2/3. Esto es a cuenta de lo que decida la institución que reciba a los estudiantes.
La otra situación es lo cursado y aprobado en sedes no autorizadas. Lo que estaba siendo dictado en Rivera, Treinta y Tres, Durazno y Melo –que tienen una situación particular- no estaba autorizado. En ese caso, el decreto va a autorizar a las instituciones universitarias privadas que puedan utilizar los mecanismos necesarios para evaluar, valorar y eventualmente revalidar los estudios hasta los 2/3 que establece el decreto. Es un mecanismo que nos garantiza que los estudiantes, por lo tanto los futuros profesionales, tengan el mínimo de calidad y al mismo tiempo reconocer que los estudiantes tuvieron un estudio y un aprendizaje.
La última situación es la de Melo, que el 9 de mayo de 2009 el MEC resolvió no autorizar su sede. Por lo tanto se reconocerán los estudios realizados hasta el 8 de mayo de ese año. Hubo una expresa no autorización de la sede y, dentro de las irregularidades que demuestra el funcionamiento de esta institución, no procedieron al cese de los cursos. Continuaron cursándolos con conocimiento público, en Melo y en todo Cerro Largo, de que esos estudios no estaban autorizados.

W.F - ¿Cuándo sería firmada esta resolución?

L.G - Pensamos que tanto la resolución como el decreto será firmado por la ministra y elevado a la Presidencia en las próximas horas. Calculamos que en los días de esta misma semana, en los tres días hábiles que nos quedan, para que la Presidencia de la República lo considere en forma inmediata. Creemos que esto también ayuda a regularizar la situación y a que las instituciones privadas puedan recibir a los estudiantes de estas sedes y puedan dar continuidad a sus estudios en forma inmediata.

W.F - Garibaldi, ¿se clausura o se interviene el UPE?

L.G - No, en realidad lo que se hace es revocarle la autorización para funcionar. Las instituciones universitarias están autorizadas para funcionar según el decreto 308, en el marco de la ley 15.661 que establece las condiciones para que puedan ser emitidos los títulos y tengan el mismo valor que tienen los emitidos por la Universidad de la República. Lo que se hace es autorizarlas a funcionar como instituciones universitarias y emitir títulos de carreras reconocidas. Por lo tanto, lo que se hace es quitarle, revocarle, la autorización que le había dado el Estado en el año 2000.

W.F - Hay estudiantes que están a punto de recibirse, que les falta dar dos o tres exámenes. ¿Cuál es la situación para ellos?

L.G - En el caso de Maldonado, como dije, esos estudios fueran todos debidamente documentados por la institución –que es algo que el decreto establece- de entregar la escolaridad correspondiente, podrán concurrir a la institución que corresponda y estudiará lo cursado y podrá revalidar todo lo que crea necesario, sin límite.

W.F - ¿Esto incluye universidades públicas y privadas?

L.G - Sólo privadas. La Universidad de la República se maneja con una ordenanza propia –es un ente autónomo- y les reconoce hasta el 50% de lo cursado fuera de su institución. No entra en la excepción, salvo que la UdelaR tenga en cuenta el decreto (de condiciones para alumnos) por alguna situación en particular. Hasta el momento, como no hay resolución presidencial, la UdelaR no lo ha tenido en cuenta y lo que está haciendo es reconocer este aspecto de 50%, que es el que normalmente se utiliza a nivel internacional para reconocer carreras. Incluso en un proyecto de ley que elevamos el año pasado, para crear una Agencia de Acreditación que incluía normas de regulación de la educación terciaria privada, manejábamos también este 50%.

W.F - Usted mencionó el tema de la documentación. Ahí había un problema, en algunos casos se dijo que se estaba cobrando por la entrega de la documentación. ¿Cuál es la obligación que el decreto de la Presidencia de la República le impondrá al UPE respecto a la documentación que soliciten los estudiantes?

L.G. - Lo que soliciten los estudiantes debe serles entregado sin necesidad de ningún decreto. ES una obligación y un derecho del estudiante recibir la información de lo estudiado en su institución. La resolución presidencial establecerá que el UPE deberá entregarle al ministerio la totalidad de la información que permita comprobar, en primera instancia, que lo estudiado por los estudiantes en ese período fue hecho regularmente. En el caso, luego, de poder registrar títulos de otras instituciones que hayan hecho reválidas de este instituto nosotros tenemos que poder comprobar que efectivamente las reválidas sean sobre la base de cursos efectivamente aprobados en la institución. Por lo tanto, tienen que presentar toda la información que quedará a recaudo del MEC. Eventualmente, en el caso de que alguna persona curse más adelante, porque eso también puede suceder, tener también el resguardo de poder comprobar que esos estudios fueron realizados.

W.F - ¿Qué pasa con gente que ya terminó su carrera y se ha recibido, pero no ha obtenido el título? No se le ha entregado.

L.G - En el caso de Maldonado, que haya sido cursado y aprobado antes de la revocación en la sede de Maldonado, la institución está obligada a otorgarle el título y el MEC lo va a registrar correspondientemente, ya que que fue cursado, aprobado y emitido en período en que la institución estaba autorizada.

W.F - ¿Hay alguna protección para alumnos que cursaron o están cursando carreras que no están autorizadas?

L.G - En esas carreras universitarias que no están autorizadas no habrá resolución al respecto. Hay carreras de carácter terciario, que no son universitarias, que tienen valor aún, no necesitan un reconocimiento explícito por parte del MEC. Lo que se regula son los títulos universitarios, los que corresponden o sus equivalentes a licenciaturas, maestrías y doctorados, y particularmente aquellos títulos que están regulados y requieren ser registrados para poder ejercer la profesión. Abogacía, Notariado y Contador Público requieren esta condición para poder ejercer la profesión.

W.F - ¿La resolución establece algún otro tipo de acción legal?

L.G - No, esta es la acción legal más importante, que no es nada menor. No existen demasiados antecedentes. Tenemos la revocación de autorización de una institución universitaria que tenía una carrera en funcionamiento hace un tiempo atrás, pero digamos que la revocación de mayor magnitud que es la que ha vivido el país en este período nos parece ya suficientemente importante. La institución tiene otros trámites en curso que seguirá con sus aspectos administrativos, que tienen que ver con el registro de Personería Jurídica que seguramente también tendrá que clausurar.

W.F - ¿De qué manera el Estado va a custodiar esta resolución para que se cumpla?

L.G - En primer lugar, el contacto directo con la institución y el resguardo de la información que se reciba. En segundo lugar, al registrar los títulos de los estudiantes que vengan de otras instituciones y el registro -o no registro en caso de no cumplan con las condiciones- de los títulos emanados del propio UPE. Quienes haya cursado y aprobado dentro del período de autorización, van a ser registrados. Si eventualmente faltara un examen o hubiera una fecha fuera de plazo o alguna duda al respecto, no se registrarían esos títulos ya que no correspondería al período en que fuera autorizado. Esos son los mecanismos que vamos a utilizar al principio, luego veremos si son necesarios más mecanismos jurídicos.

W.F - Hay premura en los estudiantes, que quieren saber cuándo podrán empezar a tomar acciones para saber a qué universidad concurrir o ir a pedir su título. ¿Cuándo quedaría esto definitivamente en vigencia?

L.G - En realidad, para la sede de Maldonado los estudiantes pueden ir a buscar sus escolaridades inmediatamente e iniciar los trámites de inscripción. Sobre todo aquellos que tengan menos de dos tercios de sus carreras aprobadas. Eso está dentro del marco que la normativa actualmente permite, que no implicaría demasiadas modificaciones a lo ya existente.
En el caso de quienes tienen más de 2/3 y quieren que se les tenga en cuenta todo lo estudiado superando ese límite, esperamos que en este mes de febrero esté resuelta la situación. Hemos trabajado con la mayor serenidad posible, es una situación delicada, requería consulta, estudios jurídicos, a los efectos de tomar las resoluciones que puedan tener la mayor validez. Esperemos que en 10 días esto esté resuelto para que los estudiantes puedan tener la total tranquilidad. Esto es muy importante, más que para la sede de Maldonado, para los que cursan en las otras cuatro sedes del interior del país.

W.F. - El lunes es el último consejo de ministros de esta administración, ¿podría ser firmado ahí?

L.G. - Podría ser firmado ahí. No quiero adelantarme porque es un resorte del propio Presidente de la República y de la ministra que trabaja con él.

W.F - Finalmente, ¿cuál es el motivo por el cual se le quita la habilitación al UPE que será puesto en la resolución?

L.G. - En los considerando está la historia del desarrollo de la institución, de la actualización de la información que debe presentar regularmente, de cómo fue demostrando los cambios que se produjeron, la información que se fue presentando y la que no; los informes técnicos que se fueron solicitando y recibiendo desde 2006 a esta parte. Y se cumple con el artículo 7 del decreto, que establece que hubo una modificación sustancial a las condiciones tenidas en cuenta al momento de adjudicar la autorización para funcionar, que demuestra la necesidad de su revocación. Es decir, las condiciones que se tuvieron en cuenta en el año 2000 para autorizar al UPE se han transformado en otras condiciones que cambiaron sustancialmente.
Será una historia de lo que ha sucedido con la institución, con los informes, con el hecho de que las condiciones tenidas en cuenta han variado sustancialmente.

W.F - Gracias por atendernos esta mañana y dar esta información que, como usted se podrá imaginar, tiene a mucha gente preocupada.

L.G - No, gracias a ustedes que durante todo este tiempo nos han permitido mantener informada a la población. Seguramente en los próximos días, cuando surjan las resoluciones formalmente, volveremos a comunicarnos para mantener informados muy especialmente a quienes han sido damnificados en esta situación. Creemos que el Estado tiene la responsabilidad de hacer cumplir las normas para el bien de los propios estudiantes, de los profesionales y la sociedad en su conjunto.