Ramírez dijo que, primero, se hizo una presentación ante la IDM porque “la normativa establece que quien debe pagar esa tasa es el propietario del inmueble y no la marca que está siendo publicitada. También había algunas irregularidades con la intervención de una empresa privada que había hecho el relevamiento de esos carteles”, remarcó.
“Básicamente, esa fue la fundamentación de nuestra empresa. Pero no hemos recibido, al menos por ahora, ninguna repuesta formal. Suponemos que la va a haber en los próximos meses”, añadió.
El abogado informó que la empresa que representa, que es una marca de consumo masivo, había estimado que la cifra a pagar se ubicaría entre 600 y 700 mil dólares, aunque la IDM “aún no fijó la cifra total del pago”.