Tabaré Presa, propietario de Tapre Operadores Turísticos (TOT), presentó un recurso de casación (apelación última, ante la Suprema Corte de Justicia) ya que no está conforme con el fallo que condena a la Intendencia de Maldonado a pagarle US$1.600.000 por los perjuicios que ocasionó a su empresa hace 20 años. Él reclama US$ 5.000.0000.
Presa dijo en FM Gente que los daños y perjuicios ocasionados desde la primera administración del nacionalista Domingo Burgueño hasta el año 2001, cuando asumió el blanco Enrique Antía, equivalen, por lo menos, a US$ 5.000.000. Este fue el monto calculado por la cátedra de Peritajes Judiciales de la Universidad de la República, a pedido del empresario.
Presa señaló que está para nada de acuerdo con el reciente fallo judicial que obliga a la comuna a pagar US$ 1.600.000 dólares y afirmó que durante el largo juicio “intervinieron elementos e irregularidades en la relación judicial”, que hicieron caer paulatinamente el monto de lo reclamado.
El empresario recordó que Viajes Tot sufrió un serio perjuicio económico “porque la intendencia en la época de Domingo Burgueño y sucesivos gobiernos negaron haber estado en omisiones y no cumplieron con las ordenanzas respecto a transporte turístico y transporte contratado”. Así, sostiene Presa, circulaban libremente por Punta del Este, La Barra y la cadena de balnearios, unidades que no estaban en regla.
“Las unidades no reunían las exigencias municipales para estar registradas y ser permisarias para el servicio de transporte turístico. Debían tener el registro en forma, y nosotros éramos los únicos que teníamos todo en regla. Los demás no tenían agencia registrada y trabajaban en negro, entre otras razones” explicó.
Añadió que en aquella época TOT tenía 15 vehículos y sufría la competencia desleal, entre otros, del ómnibus de Concierto que trasladaba gente en forma gratuita entre los balnearios y de Micro Turismo y Maldonado Turismo, que “circulaban por La Barra sin tener permiso”.
“La intendencia no dio un paso para prohibir que anduvieran los vehículos infractores de ahí terminamos en la justicia”, sostuvo el empresario, hasta que en 2001 comenzó a regular y fiscalizar. Ahora Presa espera que la Suprema Corte de Justicia dé el veredicto final sobre un caso que lleva décadas y cuyo expediente tiene más de 2.000 fojas.