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En una resolución emitida el pasado miércoles por el Tribunal de Cuentas de la República (TCR), a la que tuvo acceso El País, consta que dicho organismo de contralor decidió no formular observaciones sobre la renegociación entre el gobierno y una empresa privada ganadora de una licitación internacional para la realización de obras de mantenimiento y reacondicionamiento del Argentino Hotel de Piriápolis, propiedad del Estado, así como la concesión para su explotación.

El Poder Ejecutivo previó adjudicar las obras a la empresa Nifelar S.A. en los términos y condiciones que surgen del pliego de licitación. El plazo de concesión del hotel será de 30 años contados a partir de la suscripción del contrato de concesión, luego de finalizadas las obras de remodelación del hotel.

En referencia al monto de la inversión, el proyecto original preveía destinar US$ 22 millones, de los cuales US$ 15 millones correspondían a obra civil.

El 24 de setiembre de 2018, Nifelar S.A. presentó una modificación en el cronograma de obras y la estimación de la nueva propuesta de la empresa respecto a la obra civil será de US$ 7 millones, sin mencionar la inversión en equipamiento.

En su resolución, el Tribunal de Cuentas sostuvo que la modificación contractual proyectada por la empresa se enmarca en la primera etapa antes referida y a partir de un acuerdo de voluntades entre las partes que “hacen pasible la misma”.

No obstante, “debe tenerse presente” que los contratos públicos que se encuentren vigentes “podrán modificarse siempre y cuando se respeten” las condiciones para ello y no transgredan límites al respecto.

En la resolución del TCR se indicó que la primera etapa, correspondiente a la obra, comenzó a computarse desde la entrega del inmueble a la adjudicataria, extremo que se verificó con fecha 1° de mayo de 2018. Es decir, el cronograma de obras fue establecido en cinco años, finalizando el 31 de abril de 2023.

Sin embargo, según el TCR el periodo de tiempo para culminar las obras pendientes de ejecución se encuentra vigente, ya que el cómputo del plazo se vio afectado por la emergencia sanitaria decretada a raíz del Covid-19.

Con respecto al nuevo plazo para las edificaciones, la empresa planteó ejecutar la inversión en 9 años (desde 2024 a 2032). El Tribunal de Cuentas ratificó dicho contrato entre el gobierno y Nifelar S.A.