El programa de regularización de viviendas mediante arquitectos de oficio se aplica desde meses atrás en Maldonado, mediante convenio entre la intendencia y la filial fernandina de la SAU. La iniciativa surgió en la gremial de arquitectos hace años pero se aplica por primera vez a nivel nacional, en este departamento.
El programa permite a un propietario de bajos recursos ajustar su vivienda a la normativa vigente, en el marco del decreto 3901 que regirá hasta diciembre de este año en viviendas de hasta 300 metros cuadrados, ubicadas en zonas urbanas no balnearias.
La SAU provee 22 técnicos y la IDM se encarga de los actos administrativos, recibe a los propietarios y planos y cobra los honorarios de la gestión del arquitecto. Hasta el momento se han realizado “entre 120 y 150” gestiones aunque ha ido mucho más gente a consultar, señaló Crossa.
“Quien tiene la intención de regularizar debe asistir a la intendencia y someterse a una entrevista donde se le propone hacer un relevamiento de su situación. Si accede, un arquitecto le presentará un presupuesto y se le cobrará lo mínimo por ese estudio. Esto no es una amnistía aunque jefas de hogar o madres solteras, por ejemplo, pueden exonerar las tasas”, explicó el arquitecto.
Ampliaciones de viviendas debido al aumento del núcleo familiar, padrones subdivididos en varias viviendas donde se distribuyen varias familias (padres, hijos, nietos) constituyen la mayor parte de las situaciones a regularizar. No obstante, el arquitecto subrayó que algunos casos son complejos porque median asuntos jurídicos entre los propietarios (sucesiones, certificados de propiedad de los terrenos, etcétera) que desconocen los trámites formales requeridos.
El trámite de regularización tiene una duración de 60 días, en los cuales el arquitecto de oficio actúa controlado por la SAU y la IDM.
"La idea es extender el programa hasta el final del período de gobierno. Por su éxito y porque es una vía importante para la gente que nunca accedió a la parte formal de la administración, también se espera aplicarlo en un próximo gobierno municipal”, destacó el presidente de la SAU Maldonado.
El programa permite a un propietario de bajos recursos ajustar su vivienda a la normativa vigente, en el marco del decreto 3901 que regirá hasta diciembre de este año en viviendas de hasta 300 metros cuadrados, ubicadas en zonas urbanas no balnearias.
La SAU provee 22 técnicos y la IDM se encarga de los actos administrativos, recibe a los propietarios y planos y cobra los honorarios de la gestión del arquitecto. Hasta el momento se han realizado “entre 120 y 150” gestiones aunque ha ido mucho más gente a consultar, señaló Crossa.
“Quien tiene la intención de regularizar debe asistir a la intendencia y someterse a una entrevista donde se le propone hacer un relevamiento de su situación. Si accede, un arquitecto le presentará un presupuesto y se le cobrará lo mínimo por ese estudio. Esto no es una amnistía aunque jefas de hogar o madres solteras, por ejemplo, pueden exonerar las tasas”, explicó el arquitecto.
Ampliaciones de viviendas debido al aumento del núcleo familiar, padrones subdivididos en varias viviendas donde se distribuyen varias familias (padres, hijos, nietos) constituyen la mayor parte de las situaciones a regularizar. No obstante, el arquitecto subrayó que algunos casos son complejos porque median asuntos jurídicos entre los propietarios (sucesiones, certificados de propiedad de los terrenos, etcétera) que desconocen los trámites formales requeridos.
El trámite de regularización tiene una duración de 60 días, en los cuales el arquitecto de oficio actúa controlado por la SAU y la IDM.
"La idea es extender el programa hasta el final del período de gobierno. Por su éxito y porque es una vía importante para la gente que nunca accedió a la parte formal de la administración, también se espera aplicarlo en un próximo gobierno municipal”, destacó el presidente de la SAU Maldonado.
