En el documento, la organización sostuvo que un ataque contra un funcionario policial constituye un ataque contra el Estado y exhortó al sistema político a impulsar normas que establezcan penas más severas para quienes agredan a efectivos policiales.
Asimismo, solicitó que se estudie una legislación específica para castigar con mayor dureza la portación ilegal de armas cuando quien la comete tenga antecedentes penales.
Entre los planteos dirigidos al Ministerio del Interior, Unipolma reclamó que todos los chalecos antibalas en uso se encuentren en condiciones vigentes, la incorporación de camionetas blindadas para el patrullaje en zonas de mayor complejidad y la utilización de todos los recursos disponibles para identificar y detener a los responsables del ataque.
Además, pidió al Poder Judicial que, una vez detenidos los involucrados, se aplique la legislación con el máximo rigor previsto y destacó el papel de la Policía como auxiliar de la Justicia en la lucha contra la delincuencia organizada.