Cada operador tendrá una matrícula y deberá estar inscripto en la DGI, BPS y Senaclaft. La nueva normativa implica la existencia de controles y fiscalización por parte de la comisión. Ante cualquier incumplimiento se aplicarán sanciones.
Echeverría explicó que el registro actual se encuentra bajo la órbita del Ministerio de Turismo y solo incluye a inmobiliarias que funcionan en zonas turísticas.
Los operadores pagarán una tasa registral de inscripción.
“Una vez que esto quede votado voy a poner sobre la mesa lo que se llama ley de vivienda turística de regular las plataformas”, manifestó.