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Alexis Cadimar (A.C) – Ha habido novedades en las últimas horas. Se ha revocado una sentencia en primera instancia y el Tribunal de Apelaciones no ha hecho lugar a lo que en esa primera oportunidad se había dispuesto en autos caratulados “Hicone S.A. contra la IMM”, dándole la razón al municipio. Vamos a historiar este caso, para ilustrar a la audiencia y profundizar luego en este fallo del Tribunal de Apelaciones.

María del Carmen Salazar (MCS) – Perfecto. Para que la gente recuerde: cuando entra esta administración existían en este departamento dos empresas que tenían un convenio de patrocinio hacía diez años. Igual al que esta administración le dio a Satenil, con la diferencia de que se le otorgó por tres años y con la otra diferencia de que a Satenil se le obligó a hacer un depósito de garantía de cumplimiento del contrato y de estas dos empresas, justamente a la que ahora perdió el juicio, no se le obligó sino que se le permitió que hiciera la publicidad sin haber depositado nada. Cuando se hace el convenio con Satenil los operadores políticos dijeron que el municipio había perdido millones de dólares y que vendrían demandas millonarias porque estas dos empresas nos iban a financiar. Las dos lo hicieron: una de ellas fue El Hornero S.R.L, que inició una nulidad ante el TCA donde salió una sentencia favorable al municipio, diciendo que la IMM actuó correctamente y de acuerdo a la legalidad y por lo tanto no había que reclamar nada. La otra fue Hicone S.A., que reclama daños y perjuicios. En primera instancia, en un juzgado de Maldonado le dan la razón en cuanto a que había sufrido un perjuicio. Si bien lo separa totalemente del caso Satenil se dice que la empresa sufrió un perjuicio. Nosotros, en su momento, dijimos que lo íbamos a apelar porque no estábamos de acuerdo con el fundamento de la sentencia y porque sosteníamos que HICONE S.A. había incumplido el contrato. Sosteníamos, además, que no había ninguna prórroga de ningún tipo a partir de que entró esta administración. Y sosteníamos que había prueba que realmente para nosotros era inadmisible como esa prueba que presentaron de la contratación de publicidad por casi US$ 100 mil a una empresa de Miami. Incluso nosotros pedimos por favor que acreditaran a ver …

AC - ¿Nunca presentaron un contrato publicitario?

No, contrato publicitario no. Presentaron una carta de esta supuesta empresa de Miami estableciendo cuáles eran las supuestas contrataciones que había hecho de publicidad. La sentencia, entonces, en primera instancia salió favorable a ellos y en ese momento públicamente se dijo que íbamos a perder millones. Nosotros sostuvimos que queríamos ir al Tribunal de Apelaciones y éste nos dio la razón. Es muy interesante la sentencia porque, primero, reconoce la validez de los convenios de patrocinio, que están en un decreto de la Junta Departamental de la época de Burgueño. Hay quienes dicen que los convenios de patrocinio no existían o que eran ilegales. Bueno, existen y son legales.
Segundo, la sentencia reconoce que Hicone S.A, que durante diez años estuvo en el municipio, incumplió las obligaciones que tenía para con el municipio. Ese fue uno de los argumentos por los cuales dijimos que debíamos contratar a otra empresa, porque todo lo que debían de hacer las empresas que estaban no se estaban haciendo. Nosotros dijimos que no estaban en buena situación los refugios peatonales ni la cartelería y la sentencia lo reconoce”.
A parte establece que la empresa actuó de mala fe al realizar este juicio a la IMM.

AC – ¿Lo dice el Tribunal?

MCS – Sí, hay una parte que dice textualmente: “El principio del informalismo a favor de administrado no debe amparar la mala fe del administrado.” Reconoce también eso, que son en todo caso cosas que nosotros habíamos sostenido. Luego también reconoce que la empresa, como hacía diez años que tenía relaciones comerciales con el municipio – que tenía la contratación y tenía la publicidad – debió saber bien cómo se hacían las contrataciones y debió haber cumplido como correspondía. Creo que todos elementos lo que hacen es sostener lo que siempre dijimos: que el escándalo que se armó porel convenio con Satenil fue porque sacamos a dos empresas que hacía diez años que estaban, que tenían la publicidad y que, por lo que vimos ahora, manejaban montos millonarios. Pero por estas empresas nunca entró un solo peso.

AC – Exactamente, ¿qué aportaron El Hornero e Hicone a las arcas públicas por usufructuar la publicidad?
MCS – Dinero, nada. No entró jamás un solo peso al municipio por parte de estas empresas. Lo que tenían era la obligación de hacer los refugios peatonales y la cartelería, y mantenerlos. Esa fue la obligación que ninguna de las dos cumplieron y por eso perdieron los dos juicios.

AC – Hay una parte muy interesante que dice: “En ningún modo puede confundirse con una prórroga del contrato ni con una tratativa contractual abusivamente abortada por la IMM, dada la manifiesta falta de legitimación de un asesor para dictar un acto administrativo o consentir un contrato que obligue al gobierno departamental. Nadie ignora que un asesor no tiene competencia para tomar decisiones porque no es un cargo de gestión y en especial la actora está impedida de invocar ignorancia por ser una experimentada contratante que venía otorgando convenios”. ¿Qué quiere decir esto?

MCS – Cuando nosotros ingresamos hay un asesor de la dirección de Tránsito que llama a esta empresa para decirle que tenían que hacer determinados refugios peatonales, que no estaban mantenidos y que se necesitaban ciertos elementos para dar un cumplimiento mínimo. El asesor les pide que cumplan esto y les dice que va a ver si es posible hacer una prórroga. Lo pone en conocimiento del director general…

AC – Ahí es cuando le dicen que Satenil ya era la nueva empresa.

MCS - No, ahí todavía no se sabía. Ahí se decide que esta empresa que hace diez años que estaba y que no había hecho el depósito de garantía y que ni siquiera había hecho un contrato porque todo era por resoluciones del intendente Antía y los anteriores. Entonces se le dice que no y se contrata a Satenil. Entonces Hicone se presenta diciendo que creyeron o pensaron que ya se había prorrogado su contrato. Es lo que dice el juez, hasta con una cierta sorna, cuando señala “una experimentada contratante”. Claro, hacía diez años que tenía contratos con el municipio –no contratos escritos- sino resoluciones donde el intendente les otorgaba la publicidad. También reconoce que se actuó de mala fe. Y sigue diciendo que “ninguna incidencia tiene en esta causa la contratación de Satenil S.A”, que es otra cosa porque decían que por culpa de Satenil se nos venían juicios.

AC – Esto debe estar relacionado con que la empresa mencionó que fue despojada de ese usufructo que tenía para que entrara Satenil.

MCS – Claro, se ha intentado generar hechos políticos a través de los juicios. Porque se intenta hacer creer a la gente que la contratación de Satenil fue algo terrible, espantoso, que causó miles de pérdidas. Por suerte, lentamente, con el tiempo, el Poder Judicial nos está dando la razón. La Justicia está diciendo que no hay ningún perjuicio.

AC – Ahora, Satenil en la etapa anterior también había incumplido, aquellos US$ 90 mil y lo de la plaza y la discusión de que fue una contratación directa. Ahora ganó por derecha, por licitación.

MCS – Pero Satenil no tuvo falta de cumplimiento. Tenía que hacer obras en la plaza por valor de US$ 90 mil y lo hicieron.

AC - Yo tenía entendió que no había cumplido y se le estaba reclamando.

MCS - No, no. Hubo reuniones y se determinó que lo que tenían que poner, por un valor equivalente a ese monto, era el piso de la plaza de acuerdo al diseño del proyecto de remodelación.

AC – Pero la oposición había denunciado incumplimiento en varios ámbitos.

MCS – Está bien, pero la oposición dice cualquier cosa. La oposición también es la que dijo que perdíamos millones de dólares por esto. El secretario general de la intendencia de Antía es quien debió hacer cumplir a esta empresa sus obligaciones con el municipio y no solamente no lo hizo sino que es el abogado de la empresa. Es quien ahora está asesorando y le hace juicio a la intendencia.

AC - ¿Él mismo firma los escritos?

MCS – Sí, él mismo es el que demanda a la intendencia por esta empresa que la contrataron cuando él era secretario general. Otra cosa que dice la sentencia y es “que nada impedía a la IMM otorgar un convenio de patrocinio con la empresa que seleccionaron”. Tenía potestades, de acuerdo al artículo 50, para hacerlo. Nos parece que esto es interesante y que además aclara un montón de aspectos. Lo que pasa es que, lamentablemente, las voces que se alzan para decir que perdemos millones de dólares tienen mucho más eco que las nuestras. Si se ve la prensa local, hoy no ha salido con demasiado entusiasmo esta noticia de que ganamos este juicio. Sin embargo, las otras voces, las de la oposición, siguen diciendo que se perdieron millones aun cuando estamos demostrando que es absolutamente falso. Es el problema de los medios de comunicación.

AC - ¿Y qué culpa tienen los medios?

MCS – La culpa es que seleccionan las noticias, qué cosas dicen y qué cosas no.

AC – Bueno, pero ese es un criterio de cada medio.

MCS – Sí, pero ahí se está generando la opinión pública. Uno tiene que preguntarse por qué un medio elige pasar siempre determinadas voces y otras no.

AC – Sin embargo se dice que la IMM auspicia los informativos de la televisión local y la oposición dice que no sale. Y es un eterno debate.

MCS - Pero fíjense la prensa de hoy a ver cuántos sacaron esto en su primer página y veamos meses atrás, cuando surgió esto, a ver cuántos lo sacaron en portada.

AC - Bueno, cada editor tiene un criterio. Si no tuvo destaque el anterior no tiene por qué tenerlo este.

MCS – Ustedes, por ejemplo, me llamaron en el otro y en éste.

AC – Sí, claro. Lo hablamos. Además son estos intrincados temas que escapan a nuestro conocimiento jurídico y es bueno que una profesional lo explique.

MCS – Sí, por eso yo ando con la sentencia, porque sé que es difícil, para poder leerla textualmente.

AC –Yo había seguido el tema Satenil y las patrocinantes. Recuerdo un expediente que nos entregó un anterior director de Comunicaciones de la IMM, donde figuraban algunos servicios que se daban. Aportes gratuitos, cabinas telefónicas, de publicidad que se daban sin pedir nada a cambio. Había otras en el puerto de convenios de patrocinio que nadie regulaba. Desde ese punto de vista había un desorden, faltaba una reglamentación que estableciera o una empresa que se hiciera responsable de los espacios publicitarios y tuvieran una contrapartida.

MCS – En el caso de estas empresas, no les hicieron un contrato firmado donde quedaran claras las obligaciones de cada una. Era una resolución donde se decía “contrátese por convenio de patrocinio…” y así fue durante diez años. Desde la Asesoría Notarial se les llamaba para que fueran a firmar el contrato y no lo hicieron. Se les pidió el depósito de fiel cumplimiento y no lo hicieron. Tiene que haber un depósito de garantía para en caso de incumplimiento, la IMM pueda hacer un juicio y resarcirse por ese incumplimiento.

AC – ¿En el caso de Satenil, existe este depósito?

MCS – Sí, por supuesto.

AC – Aprovecharemos estos minutos que nos quedan para hacer referencia a que el intendente municipal, al hacer su balance y rendición de cuentas en San Carlos, destacó de esta dirección que había cambiado los resultados de los juicios, logrando la IMM ganar la mayoría, cosa que antes no ocurría.
¿Cuál es el balance que hace la IMM en este sentido, de acuerdo a resultados o a montos en juego?

MCS – El balance es altamente positivo. En este período llevamos 104 sentencias, de las cuales solamente 22 resultaron negativas. Es un promedio muy alto. Que además, todos por hechos de la administración pasada. De esas 22 se abatió mucho el monto, prácticamente en un 50%. En realidad, al final la condena terminó siendo –no tengo acá los números- pero era alrededor de 600 mil pesos US$ 50 mil, que es poco en la medida de los reclamos, que son millonarios.

AC - ¿Cuál es el reclamo más grande que usted recuerde?
MCS – El más grande fue el que abarcaba a todo Granja Cuñetti. Ese juicio, cuando ingresamos al municipio, se había perdido en primera instancia. Nosotros apelamos y conseguimos sentencia favorable, se va a la Suprema Corte (SCJ) y ahí se repite el fallo favorable. Imagínense un barrio entero, el monto de eso en su momento se evaluó en US$ 10 millones. También tuvimos una sentencia favorable que fue la inconstitucionalidad presentada ante la SCJ de impuesto de alumbrado, que sacó este gobierno. Para que la gente recuerde, cuando ingresa este gobierno, prácticamente todas las empresas del Uruguay nos empiezan a hacer juicios por inconstitucionalidad de la Tasa Bromatológica que era de la época de Burgueño y había habido una modificación en la época de Antía. Las empresas pagaban la Tasa Bromatológica sin ningún problema. Ingresa este gobierno y al día siguiente teníamos a todos los supermercados –menos Tienda Inglesa- reclamando la inconstitucionalidad. Luego vinieron las harineras, después todas las bebidas colas, todas las bebidas alcohólicas, todas las papeleras. Todas las empresas del Uruguay se pusieron de acuerdo para hacernos juicio por una tasa que mientras estuvo el partido nacional la pagaron y llega el Frente Amplio y nos vienen a hacer juicios. La SCJ declaró que ese decreto que había sacado la Junta Departamental en la época de Antía era inconstitucional. Nosotros sacamos un impuesto de alumbrado y hay un ex abogado del municipio que fue cesado después de un sumario, que se pone a juntar firmas del vecindario para hacer una acción de inconstitucionalidad ante la SCJ. Por suerte, esa acción fue favorable, determinó que lo que había hecho esta administración en cuanto a ese tributo era constitucional y legal. Para que la gente se diera cuenta, por ese tributo el municipio recaudó en su primer año 207 millones de pesos. Quiere decir que si hubiéramos perdido ese juicio y hubiera que devolver algo, estamos hablando de 207 millones de pesos. Eso es como la sentencia más reciente. Lo que es también curioso es que ex abogados del municipio nos han iniciado juicios y hasta ahora vienen perdiendo todos. Lo otro remarcable es que estamos trabajando con los abogados del municipio que quedaron. Sacando a alguno que se fue por sumario y a otros que salieron en comisión y a algunos que no trabajan, los que quedaron lo están haciendo muy bien. Hemos sí modificado mucho la forma de trabajar.

AC- ¿Cómo encaran ahora la tarea? ¿Qué metodología de trabajo ha permitido revertir la situación?

MCS – Lo primero que se hace, ni bien ingresamos, es reunir a todos los abogados para que todos relaten los procesos que tienen. En esa primera instancia se constató que había dos abogados que tenían un juicio contra una misma firma y por hechos iguales. Entre ellos no lo sabían. Una cosa absurda, cuando era para hablarlo, discutirlo y coordinar. Y además para pasarse prueba. Cuando ingresé tenía la idea de trabajar con sala de abogados, entonces nos reunimos una vez al mes o más, y ahí analizamos los juicios que nos vienen, discutimos la estrategia de defensa y luego quedan adjudicados dos abogados que lo tienen que llevar. Antes era uno, pero ese se puede enfermar en algún momento y alguien tiene que estar interiorizado. Esa fue otra modificación. Lo otro es la sala de abogados y estar todos en conocimiento de los procesos, porque ahí surge la memoria de cada uno y se recuerdan sentencias anteriores. Después está la cooperación, hay que trabajar colectivamente porque enriquece mucho más. Si hay diez abogados discutiendo un caso y analizando cómo lo podemos defender, seguramente esa defensa será más rica que si es uno solo en su escritorio. Lo otro es que, cuando salen sentencias interesantes, las volcamos para que todos la conozcan e intercambiamos ideas sobre elementos que son importantes y que le pueden servir a otro en otro proceso. Otra metodología de trabajo es que cuando se recibe una demanda, antes se pedían todos los expedientes que tenían relación con eso, y nosotros vemos que entre lo que está escrito en el expediente y lo que realmente sucedió hay grandes diferencias. Entonces también vamos a las oficinas que actuaron, porque los hechos se generan en otros lugares. Tenemos reuniones, vemos qué fue lo que pasó y eso da otra riqueza para la experiencia. Por otro lado, lo que me parece también importante es que no se ha contratado a nadie externo para llevar los juicios adelante, eso no había dado ningún resultado y había sido una erogación para el municipio. En el período pasado se gastó alrededor de 11 millones de pesos en honorarios de abogados de Montevideo, todos ellos con fuertes vínculos con el partido nacional –ex ministros, ex legisladores- contratados para llevar juicios adelante cuando nosotros tenemos nuestros propios técnicos perfectamente capacitados. Para que se den una idea, el juicio de Punta Ballena que se perdió se le pidió una consulta a un abogado muy vinculado al Partido Nacional que cobró US$ 25 mil. Hubo otro abogado, también del Partido Nacional, que cobró US$ 300 mil por un juicio que la IMM perdió por US$ 1 millón. Lo que dijimos es eso no. A mí me interesa generar la capacidad, que los abogados municipales se vayan perfeccionando cada vez más y tecnificando y que tengan ellos la capacidad para hacer la defensa. Otra cosa insólita es que en la asesoría Jurídica no había Internet mientras en Cylsa sí. Nosotros, que trabajamos con el TCA, con el Poder Legislativo, con los decretos de la Junta…

AC – … que tienen que bajar material y es una herramienta fundamental…

MCS- Exacto. No la teníamos, así que el acceso a Internet y mejorar las computadoras de la Asesoría Jurídica. Habían tres, una de ellas con el antiguo sistema DOS. Hoy todos los abogados tienen su computadora, se trabaja en red con Internet, la biblioteca sigue actualizándose siempre y creo que eso se ve en los resultados, que han sido muy positivos.


(Transcripción: M.R.)