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La doctora Salazar afirmó que llama poderosamente la atención desde que asumió la actual administración, al alto ausentismo que se registra en los cuadros de funcionarios municipales. Recordó que “el funcionario administrativo, trabaja de lunes a viernes, tiene libre el día de su cumpleaños, toda Semana de Turismo, cuando se casa, cuando nace un hijo, cuando se muda. Hay una cantidad de circunstancias por las cuales tiene libre y, además recién viene la sanción cuando falta diez veces durante el año sin aviso”.

El tema ha sido insistentemente analizado entre distintos jerarcas porque se considera como “un descuido al trabajo”, que no se da generalmente en el ámbito privado. “En la actividad privada a nadie se le ocurre faltar diez veces en un año sin avisar nada a su lugar de trabajo, y sobre todo eso, teniendo tantos días libres al año”, acotó.

Según la jerarca, este aspecto antes no era tomado en cuenta, lo que incluso ha sido reconocido por muchos funcionarios, ya que ante la confirmación de faltas injustificadas, se dejaba sentada una causa que en realidad no existía. “El caso que nos causó mayor impresión fue cuando recién ingresamos; había un expediente que estaba dando vueltas, de una persona que habría faltado y que estaba a punto de archivarse; y después resulta que en realidad había estado presa en Las Rosas varios meses y acá la administración pasada había hecho la vista gorda totalmente; cuando no solamente había un problema de faltas, porque había estado presa, sino que además había la comisión de un delito, y sin embargo nada de eso surgía de este expediente que andaba”, narró.

La doctora Salazar recordó que cada vez que un funcionario público es procesado, los juzgado penales habilitan la información al organismo respectivo, porque “el funcionario público debe ser una persona honorable, una persona en la que el particular pueda confiar, porque en definitiva se le están encargando una serie de trámites y procedimientos administrativos que él realiza. Si uno analiza lo que fueron todas las discusiones parlamentaria que hubo en los años ’30, y cuando se hablaba de la inamovilidad del funcionario, en realidad es que se pretendía que fuera una persona respetada por la comunidad que lo consideraba de una manera diferente”.



EL GRAN PROBLEMA: LAS DEPRESIONES

Consultada respecto a cuales son las principales causales de las ausencias al trabajo, María del Carmen Salazar dijo que se producen muchas sin aviso y otras con certificado médico. Afirmó que cuando se inician los sumarios, muchos de quienes faltan sin aviso aducen “que les salieron changas por otro lado, que tenían otros trabajos, y muchos de ellos dicen padecer problemas depresivos. Algunos lo prueban y otros no lo prueban, lo que ha llamado bastante la atención, porque hay bastantes funcionarios municipales con problemas depresivos”.

Aseguró que el número de funcionarios que dicen padecer estas patologías es importante en relación con lo que ocurre en la actividad privada, pero no pudo aportar cifras concretas. Reconoció sin embargo, que no es una problemática exclusiva del municipio de Maldonado, sino de toda la administración pública. “Responde a varias cosas que lentamente se van a ir modificando. Había una especie de falta de contralor”, consideró, al tiempo de cuestionar la forma muchas veces inadecuada en que se dan los ingresos en la administración pública, por ejemplo como “favor político”.

“Cuando se ingresa por concurso, la persona tiene otra actitud ante el trabajo; primero porque le costó, tuvo que demostrar que era apto, y segundo porque además no tiene padrinos adentro que le vayan a favorecer de ninguna manera”, consideró.

En relación a los contratos de profesionales, la doctora Salazar dijo que están en marcha varios sumarios, por ejemplo a médicos, por no cumplir los horarios de trabajo, y confirmó que recientemente no se le renovó el contrato a un médico precisamente por ser reincidente en este tipo de actitudes. “Realmente la persona que va a una policlínica a atenderse, no tiene porque estar esperando a que el profesional que debe cumplir un horario, se le ocurra no concurrir. Parte de la mejora de los servicios es eso”, dijo.

Los sumarios en todos los casos, se inician cuando se registran en el año más de 20 faltas con aviso, y 10 veces sin aviso; además la actual administración decidió aplicar sanciones en estos casos, con suspensiones de 11 días sin goce de sueldo, en el último de los casos, y que cuando hay reincidencia se puede llegar a la no renovación del contrato respectivo o envío del caso a la Junta Departamental.



EL CASO ALVARO PEREZ

En relación a las denuncias cruzadas que involucran al atleta no vidente Alvaro Pérez, quien es funcionario municipal pero está separado de su cargo desde hace varios meses, la directora de Jurídica no profundizó demasiado por encontrarse en la órbita judicial y en etapa sumarial a nivel municipal, pero descartó que se trate de un caso de persecución política. “La inmensa mayoría de los funcionarios que hay en la administración, en realidad no pertenecen a este partido político (Frente Amplio), porque hasta que ingresó este partido, donde se ingresa por concurso, los funcionarios ingresaban a dedo. Por lo tanto a cualquiera que se le haga un sumario puede llegar a decir que hay persecución porque son todos blancos, o la gran mayoría; lo cual no quita que haya excelentes funcionarios y los haya malos también”, aclaró.

También explicó en que se encuentran los casos de aquellos funcionarios que no llegaron a un acuerdo con la intendencia y siguieron adelante con juicios para recuperar los salarios perdidos durante la administración Antía. “Dentro de los que no aceptaron había muchos que habían hecho la acción de inconstitucionalidad que les salió favorable. Ahora corresponde que inicien una acción civil para ver exactamente que monto de dinero se les debe de devolver. Estas acciones algunos las han iniciado, otros no, y con un grupo se está viendo la posibilidad de llegar a un acuerdo”.

Por último hizo referencia al escaso personal con que cuenta la dirección Jurídico Notarial de la intendencia, para abordar la amplia gama de asuntos de su competencia, ya que en la actual administración por ejemplo, no se contratan abogados externos que significaron gastos en honorarios por unos $ 13 millones. Actualmente las defensas se hacen con profesionales que son funcionarios municipales. La intendencia, a julio de 2008, sobre un total de 79 juicios, perdió solamente 9, además de que en uno de los casos hubo un importante abatimiento del monto declamado, de U$S 58.000 a solamente U$S 4.000, y en otro de más de $ 600.000 que terminó en poco más de $ 3.000.

“Necesitamos más gente y vamos a ver si podemos hacer algún llamado interno porque sabemos que hay municipales que son abogados y están en otros lugares, en otras reparticiones, pero además ha habido un aumento muy importante, porque todos los temas cuando hay que definirlos, se realizan desde el punto de vista jurídico”, explicó la doctora Salazar.

Redactado: R.A.