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Ricardo Almada (RA) – Hay preocupación por un proyecto de ley enviado al Parlamento para regular la actividad de centros de enseñanza terciaria y universitarios privados. ¿Cuál es la preocupación ante la posibilidad de que esto se transforme en ley?

Adolfo Gutiérrez – Esto viene a sustituir una serie de decretos promulgados en 1995, que son los que ordenan la enseñanza privada, ponen obligaciones y regulan el sistema de acreditaciones de carreras. Hace 10 años que venimos bregando por una ley, pero este proyecto ha salido tarde y mal. Porque, en consonancia con la visión estatista de la actual administración pretende que los centros de enseñanza terciaria privada sean controlados por un organismos paraestatal. En ese organismo, solo uno de cinco pertenece a las instituciones a las cuales está dirigido ese control. Los otros cuatro son del Estado y dos de ellos provienen de la Universidad de la Repúblia (UdelaR). Esto lleva a que quienes controlan, como en el caso claro de la UdelaR, no están sometidos a su vez a las evaluaciones de ese centro. La UdelaR puede hacer lo que quiera porque es una república dentro de la república. La ley universitaria que estableció el cogobierno es un grupo de gente muy importante pero que, con los fondos públicos, hace lo que quiere sin rendir cuentas a nadie. Se rinden cuentas a sí mismos. No someten a control de la sociedad sus propuestas educativas y en definitiva, pretenden controlar –es un viejo sueño corporativo que ellos tienen desde que se quebró el monopolio universitario estatal en 1985. Un monopolio que duró 180 años y que nos había transformado, junto con Cuba, en el único país de Améria Latina que no tenía universidades privadas. La UdelaR no se aggiorna, no se pliega a los nuevos tiempos. Porque el retraso que se ha producido en Uruguay con el tema de la enseñanza es antiquísimo, incluso llevamos decenios de atraso ante países que nosotros menospreciamos cuando hablamos de la “cultura uruguaya”. Frente a este proyecto, se mantiene en su posición monopolista, recurre a los decretos, lleva acciones de nulidad, prohíbe a sus docentes en muchas facultades integrar cargos de gestión en las universidades privadas. Hoy logra meter la mayoría relativa en un órgano de control, que controlará a quienes están frente a la universidad, compitiendo por la generación de conocimiento, por la formación de docentes y la captación de estudiantes.

RA – APASET, este organismo que se crearía con esta ley, ¿qué potestades tendría? ¿Se adelantaría a decisiones que hoy toman en forma independiente las autoridades privadas?

AG – No se adelantaría. APASET es un órgano regulador y validador. ES una agencia de acreditación, que opinaría si tal carrera en tal instituto reúne las cualidades para ser reconocida con nivel universitario y expedir títulos. El problema es la integración y la filosofía. Nosotros bregamos por una agencia de acreditación que ponga las cosas claras, pero este tipo de agencias de acreditaciones está integrado a nivel mundial por las propias universidades privadas. Con una representación del Estado, pero mínima, como representante del interés general. Pero acá es el Estado, que niega la autonomía de las universidades. Sin libertad académica y sin libertad de acción, es imposible la formación de conocimiento y de cultura. Por otro lado, la UdelaR es el zorro cuidando el gallinero, porque es de toda la vida y es público su enfrentamiento con el sistema de enseñanza universitario privado. El enfrentamiento brutal que tienen los consejeros delegados de la UdelaR en el Consejo Consultivo de Enseñanza Terciaria Privada, que es el órgano asesor de la Educación que hoy habilita las carreras. Entonces, pusimos al zorro a cuidar las gallinas. ¿Cómo puede ser justo evaluador de un sistema quien históricamente se ha manifestado en contra? Esto es público, al margen de declaraciones públicas de algunas personalidades, llámese rector o decano diciendo que todo está muy bien cuando los llaman a alguna reunión.

RA – ¿Usted dice que al Estado le rechinan las universidades privadas?

AG – Al Estado no, a la UdelaR. Y a esta administración por su visión ideológica, que es estatista, centralista, monopólica y autoritaria. Nos guste o no, es autoritaria. Porque este proyecto que habla de “promover y asegurar” la enseñanza, en los hechos no existe una sola norma de promoción. Lo que existen son normas coercitivas, de posibilidades de aplicar sanciones. Es la promoción a través de la coerción, del apriete. En definitiva, eso no es promoción.

RA – Es control…

AG – Ni siquiera es control, es coacción. Lo que se dice de la promoción es que APASET podrá aplicar sanciones, suspender… No hay una promoción a través de determinados medios que al Estado le sobra, para promover la enseñanza. En cuanto al aseguramiento del control de la Enseñanza por parte del Estado, hay que agarrar la Constitución y leerla. El Estado no tiene por qué asegurar la calidad de nada. A mucha gente le parecerá raro esto, porque está formada en una visión conciente o inconciente de un Estado que lo encuentra hasta en la suela de sus zapatos. Primero que nada, la Constitución establece la libertad de Enseñanza, que está basada en la libertad de expresión. Segundo, dice que el Estado controlará la higiene, la salubridad, la seguridad y la moralidad pública de la Enseñanza. No habla de la calidad. Por supuesto que la calidad tiene que ser controlada, nosotros no planteamos que no sea controlada, que ese es el discurso que hacen desde la vereda de enfrente y es una tontería. El tema es quién controla. ¿La controla una universidad que no figura entre las 1.000 primeras universidades del mundo, a la que se le cae el techo de la biblioteca, en la que en ven de dar clases dan conferencias en salones de 400 personas, donde las bedelías pierden las informaciones académicas? ¿Una universidad que viene prometiendo la descentralización desde que yo tengo memoria y lo único que da son cursitos técnicos con una farándula impresionante? En ninguna parte se dice que el Estado debe controlar la calidad. La calidad debe ser controlada por quienes brindan los servicios, con la responsabilidad que ello conlleva ante la sociedad, ante la Justicia y ante quien corresponda.

RA - ¿Su preocupación es compartida? ¿Lo han hablado con rectores de otras universidades privadas?

AG – Sí, el consejo de rectores de las universidades privadas sacó un comunicado similar. La diferencia es que es un comunicado a la población, mientras el nuestro es a docentes y estudiantes. Tenemos más de 2.500 estudiantes en todo el país y más de 300 docentes. Está dirigido a ellos para ponerlos en conocimiento. Una cosa que no dice el consejo de rectores, es que estamos en época electoral y estos temas no se están hablando.

RA – Justamente, ¿han tenido la posibilidad de un contacto parlamentario?

AG – No, no hemos tenido y generalmente no hacemos lobby parlamentario. Pero estos temas no están en el tapete porque le importan a un sector de la sociedad.

RA – Ahora, las universidades privadas no son un comercio sino que brindan mucho a la comunidad, hay una interrelación…

AG – Primero que nada, en las instituciones de enseñanza tanto universitaria como no universitaria la actividad de enseñanza no es comercial. La enseñanza no es un servicio público pero sí es un servicio social. En nuestro país no está tratada como un servicio comercial. Uno puede hacer dinero criando vacas, pero no puede hacer dinero educando gente. Eso estará bien o mal, pero es lo que rige en nuestro país. Las ganancias de estas instituciones, que son utilidades porque no tienen fines de lucro, se invierten en la institución. En nuestro caso, en doce años nos multiplicamos por seis: estamos en Durazno, Tacuarembó, Melo, Treinta y Tres, Punta del Este y vamos a estar en Costa de Oro. Esa es la forma de ver más clara que las ganancias, las utilidades, se reinvierten generando más conocimiento y más polos de desarrollo. Segundo, no solamente enseñan: hay actividades de extensión universitaria. En Maldonado es conocido nuestro consultorio jurídico que atiende en varios lugares y lleva unos 300 casos por año de gente que no puede asumir la carga de una defensa letrada, que descomprime las defensorías de oficio. También tenemos nuestro consultorio de Pequeñas y Medianas Empresas, todo el tema nutricional… Estamos permanentemente trabajando con la sociedad. Por año, de fondos propios, de nuestra caja, damos US$ 100 mil en becas para estudiantes. Becas que cuando asumió la administración municipal de este departamento, en forma ilegítima, se negó a pagar. Terminamos “negociando” con la IMM para que pagara becas generadas de 40 alumnos. Cuarenta alumnos que siguieron estudiando en nuestra institución en las mismas condiciones, una vez que la IMM dejó de pagar esas becas. El costo lo asumió la aja de la institución. Esa es la realidad. Este proyecto, de aprobarse, pondrá al zorro a cuidar las gallinas y frenará el desarrollo privado. Cosa que es lo que quieren. Hace pocos días en el Consejo Directivo Central, una de las consejeras del Consejo Consultivo de Enseñanza Terciaria Privada, Ana Bolón, a parte de decir cualquier barbaridad sobre nuestra institución –cosa que pasaremos a la Justicia- dijo que era horrible que se estuvieran presentando 60 proyectos de nuestros institutos universitarios privados. ¿Por qué es horrible?

RA – Bueno, pero es raro y contradictorio, porque acá se está hablando con personalidades muy fuertes sobre Punta del Este ciudad Universitaria y el propio intendente Óscar de los Santos habló de la posibilidad de establecer más universidades privadas.

AG - ¿Pero por qué cree usted que no integramos ese cluster? Porque es una acción de marketing. Es un simple slogan. Ahí sí se está marketinizando la educación, se la está poniendo al servicio de intereses inmobiliarios y turísticos que son muy legítimos pero que no son los intereses educativos. Los intereses educativos pasan por otro andarivel. Se la está bastardizando, y la prueba está en lo que fue la famosa reunión del cluster: cada institución terminó hablando de sí misma y dándole por la cabeza a la otra. Nosotros no lo integramos. Decimos que Punta del Este ciudad universitaria podrá ser o no, que es muy fashion decir “Punta del Este ciudad universitaria”, pero el país real al que nos estamos volcando… porque Punta del Este es para nosotros un lugar más en el interior del país, un interior que no es fashion, que ensucia los pies al caminar por la tierra, que da calor porque no tiene playa cerca, que hace transpirar porque no tiene hoteles cinco estrellas donde bañarse. Ese interior tiene ciudades mucho más aptas, como Rivera, volcada sobre la frontera, con un conurbano de 220 mil personas, con una proyección a 33 municipios brasileños de alto poder adquisitivo y donde la educación uruguaya mantiene su prestigio. Por eso nosotros no integramos ese cluster, porque están acariciando con una mano y cuereando con la otra.

RA – ¿Y qué piensan hacer en concreto, qué pasos darán más allá de la exposición pública de esta preocupación?

AG – Se lo digo bien clarito: votar. Porque hay que integrar, para la gente como nosotros que este es un tema que nos toca de cerca, debemos integrarlo al proceso de decisión del voto. Es un tema más que vamos a incluir - así lo exhortamos que lo hagan nuestros docentes y adultos- al proceso racional y libre que cada ciudadano tiene cada cinco años al votar. Gracias a dios, vivimos en un país democrático, donde todavía por lo menos tenemos la posibilidad de cambiar nuestros gobernantes. Esto no se arregla con lobby, ni en los pasillos del Parlamento ni conversando con burócratas. Esto se arregla cambiando a aquellos que quieren hacer de la enseñanza universitaria un apéndice mínimo del Estado.

(Transcripción: M.R.)