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La doctora María del Carmen Salazar, explicó que el fallo en primera instancia favorable a la empresa Hikone S.A., que obligaría a la comuna a abonarle U$S 140 mil, será apelado y co argumentos de mucho peso.
Recordó que la firma estuvo vinculada a la intendencia de Maldonado durante 10 años sin “pagarle un solo peso al municipio”, ya que su obligación era instalar cierta cantidad de refugios peatonales a cambio de publicidad en la vía pública. Según la jerarca, 150 de esos refugios, cuando se inició la actual administración, estaban en muy malas condiciones y en un estado de total abandono, razón por la cual no se prorrogó el contrato.
La doctora Salazar agregó que en la sentencia judicial queda claro que Hikone S.A. estaba operando por medio de un contrato de patrocinio similar al suscripto por la actual administración con Satenil S.A., lo cual es considerado muy importante por el municipio, porque una sentencia judicial, “establece que el contrato de patrocinio existe, está en nuestra legislación, no requiere licitación y es el fundamento para este fallo”.
Subrayó además, que la postura del Tribunal de Cuentas de la República frente a este asunto, está basada en un organismo de contralor que está integrado políticamente y no técnicamente, al igual que la Junta Departamental, a diferencia del Poder Judicial. “Lo otro que me interesa remarcar y que es otra de las cosas que se ha dicho de forma mentirosa, es que la propia sentencia dice textualmente ‘no se analizará la legitimidad de la contratación de la intendencia con Satenil S.A. por no integrar el objeto de este proceso’. La jueza lo deja totalmente porque no tiene nada que ver con el objeto de este proceso”, aclaró Salazar.
Respecto al fallo que condenaría a la intendencia a resarcirla en U$S 140 mil, Salazar explicó que la empresa afirma que hubo un preacuerdo y “nosotros sostenemos que en materia administrativa, los preacuerdos no tienen existencia por un montón de fundamentos, y que esto que hubo además, no es un preacuerdo. Es un tema un poco engorroso de explicar, pero nuestro argumento principal es que ésta empresa llevaba 10 años contratando con el municipio, y en esos 10 años no puso nunca un solo peso. Tenía que mantener los refugios que tampoco los mantuvo; cada vez que se le prorrogó ese convenio de patrocinio, lo hacía por una resolución del intendente. Cuando se produce el cambio de gobierno esta empresa viene y un funcionario municipal le dice que está en falta con tales y cuales cosas, y que tiene que traer ese material, y le dice que en caso que ellos cumplan se le podría llegar a prorrogar; pero están en tratativas, están conversando. Tanto el funcionario como la empresa sabían que eso culminaba con una resolución del Intendente”, explicó, y recalcó que nunca se llegó a firmar ningún documento. La doctora Salazar insistió además en que Hikone S.A. no puede decir que “no sabe como nace la obligación del municipio, que se requiere la resolución; primero porque llevaba 10 años tratando con el municipio y segundo porque el abogado de la empresa es quien fue secretario general de la intendencia”. Respecto a la cifra que se maneja, Salazar explicó que la demandante dice haber realizado contrataciones con otras tres empresas, de las cuales “dos de ellas pudimos demostrar que eran falsas, que esos contratos no eran tales; quedó una que es una empresa de Miami (E-medios)”, y precisó finalmente que el fallo es contra la pérdida de la ganancia, por lo cual el monto debe ser analizado pormenorizadamente para determinar si la comuna debe abonar algo o no.

UN JUICIO QUE NO TIENE FIN
La directora de Jurídica de la IMM, también fue consultada sobre el largo juicio que iniciara el senador Enrique Antía contra el intendente Oscar De los Santos, y que luego tomara de oficio la propia justicia, para investigar el presunto enriquecimiento ilícito de allegados al ex jefe comunal.
Inicialmente el juicio por difamación e injurias fue encarado por Antía contra De los Santos, ante lo que los abogados patrocinantes de este último, respondieron con la solicitud de una serie de diligenciamientos y pruebas, entre ellas el levantamiento del secreto bancario del ingeniero Antía, su esposa y su entorno, ya que “las supuestas manifestaciones ofensivas de De los Santos habían sido que, en la administración pasada, Antía y su entorno se habían enriquecido, más o menos así”. La defensa de De los Santos también pidió que el expediente se remitiera a una sede de Maldonado (la denuncia de Antía fue presentada en un juzgado de Montevideo) en el entendido de que los hechos habían acontecido en este departamento.
Salazar recordó que la jueza actuante hizo lugar a parte de los petitorios, aunque finalmente y luego que el ingeniero Antía desistiera de seguir adelante, el caso pasó a Maldonado, por decisión de la fiscal Olga Carballo, tomando en cuenta que tanto denunciante como denunciado son funcionarios públicos.
El juicio de Antía-De los Santos culminó cuando el hoy Senador retira la demanda, “y el trabajo de nosotros como abogados particulares de De los Santos terminó ahí y con éxito”, remarcando que con las acciones posteriores “no tenemos nada que ver, sino que la propia fiscal letrada instruyó que debía continuarse, y el juzgado penal está investigando”.
La jerarca municipal y abogada, dijo que respecto a todo esto, ni la comuna ni De los Santos han recibido citación alguna o ampliación de alguna prueba ya que el caso original quedó cerrado. “Lo que si tengo entendido sí, es que en la Junta Departamental se hizo una Comisión Investigadora que culminó con la remisión de todos los antecedentes a la justicia. Pero nosotros no hacemos nada”.

LOS RESIDUOS: UNA LICITACION MUY LIMPIA
En torno al llamado a licitación para la recolección de residuos y su disposición final, la doctora María del Carmen Salazar, explicó que en la órbita jurídica el espinoso tema ha sido analizado cuidadosamente, además, por tratarse de uno de los contratos más importantes de la actual administración, por el término de 7 años y por una cifra millonaria que ronda los U$S 60 millones.
Dijo que la empresa que actualmente presta el servicio, también hace muchos años que está vinculada al departamento y a la intendencia. Aseguró que el pliego fue elaborado en base a minuciosos estudios realizados en diferentes ámbitos. Confirmó que la Comisión Asesora de Adjudicaciones está estudiando y realizando otro estudio técnico ante la impugnación presentada por la empresa Ramón C. Alvarez, incluyendo los aspectos jurídicos. “Se está estudiando porque el tema es complejo, hay que mirarlo con mucha tranquilidad; lo que podemos decir es que la Comisión de Licitaciones que se conformó, está integrada por funcionarios con muchos años, y la verdad es que nos dan la mayor tranquilidad en el trabajo, han adquirido muchísima experiencia y que en este periodo, tres años de ejercicio, hemos hecho muchísimas más licitaciones que en los cinco años de la administración pasada. Vamos a leer las impugnaciones presentadas y como siempre, se estudiará, se analizará y será lo que corresponda a derecho”.
Redactado: R.A.