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El legislador de “Unión y Cambio” manifestó que es necesario explicar lo sucedido a lo largo de un episodio que, surge en 2014, antes de la elección interna y que ante el inicio de un nuevo calendario electoral vuelve a ocupar titulares.

Destacó que hubo “siete ediciones del semanario Brecha dedicadas a la persona de Rodrigo Blás”.

Indicó que si bien en otras oportunidades el tema no tuvo mayor trascendencia, el último "capítulo" fue recogido por los medios nacionales.

Casaretto dijo que “la inmobiliaria Blás Propiedades lleva 34 años en Punta del Este y Rodrigo Blás lleva más de 30 años en política en Maldonado”, por lo que no es un “outsider” que llega para aprovecharse de la política, aseguró.

Recordó que hubo una empresa argentina (Javipark S.A.) que vino y compró un predio e hizo un fraccionamiento de 108 terrenos para poner a la venta. Agregó que contrató a la inmobiliaria Blás para ponerlos a la venta. “Y Rodrigo quedó como apoderado de la empresa”, para hacer los trámites.

“NI INTEGRANTE NI ACCIONISTA”
Puntualizó que Rodrigo Blás no es accionista ni integrante de Javipark S.A. “Esa es una primera falsedad”, afirmó.

Además, sostuvo que, de los 108 terrenos en los que podría haber irregularidades, según la DGI “son menos de una decena”, por lo que es una cantidad muy menor si se hubiera pretendido hacer una defraudación tributaria.

“La denuncia la hace un hace un actor político de primer nivel del Frente Amplio, primer candidato de la Lista 55 del intendente Oscar de los Santos a la Junta Departamental”, que observó que no coincidía el precio del boleto de reserva con el precio de la escritura y estimó que “debía haber evasión. Y va a hacer la denuncia. Si la inmobiliaria no fuera Blás Propiedades, si Rodrigo Blás no fuera el apoderado, esto quedaba como un expediente más… Nadie se hubiera ocupado, nadie hubiera hecho una denuncia por un tema absolutamente discutible y menor. Pero no era cualquiera, era el principal dirigente político del principal partido de Maldonado. El hombre más votado del partido que ganó en Maldonado. Y había que pegarle”, señaló.

El diputado expresó que las pequeñas diferencias generadas entre el boleto de reserva y la escritura, que en algunos casos eran reales, se debieron al atraso en la instalación de servicios como UTE y OSE que generaron que al vencimiento de los boletos de reserva y firma de la escritura, Javipark no pudiera cumplir con los plazos de entrega de terrenos.

"Cuando una empresa no cumple, la gente a veces acciona; en este caso, menos de diez personas lo hicieron. Se presentaron con abogado y renegociaron el precio".

“Se lo embargó a Rodrigo Blás, que ahora ya no está embargado, porque es solidariamente responsable por ser apoderado de la empresa, lo que no quiere decir que sea corrupto", enfatizó Casaretto.

Afirmó, asimismo, que la inmobiliaria no tiene ninguna deuda con la DGI y que las inspecciones no mostraron ninguna irregularidad. “Seguimos derribando mitos”, añadió.

Acusó que lo que se busca es “pegarle” a Rodrigo Blás porque "es el principal dirigente del sector de Luis Lacalle Pou en Maldonado, que a su vez es la principal figura para disputarle el gobierno al Frente Amplio en las próximas elecciones".

IRREGULARIDADES DE LA DGI
Casaretto subrayó que la DGI, a lo largo del procedimiento, ha violado “el secreto tributario” en forma sistemática y afirmó que el embargo fue levantado porque la justicia entendió que el organismo no aportó elementos para mantenerlo.

Además, dijo que los servicios jurídicos de la DGI le solicitaron al director, Joaquín Serra, que hiciera una investigación administrativa para determinar por donde se filtraba la información, y éste se negó. “Cierra todo”, sentenció el diputado.

También recordó que el dueño de Javipark pagó 200 mil dólares de la deuda reclamada, bajo protesta, después de estar tres años de estar reclamando para abonar esta cifra.

“Y la DGI "se olvidó" de avisarle al juez que trababa los embargos que el pago estaba realizado… Lo dice el juez. Pero además, y acá está la frutilla de la torta”, después que la deuda reclamada quedó en cero, “la propia DGI hace un recálculo de la deuda y lleva el monto al doble… Es una medida absolutamente inédita e ilegal”. Y todo el proceso “fue de espaldas a los denunciados. Se hizo todo por detrás y esto es causal de nulidad”, añadió.

“Entonces, si tiene cuatro patas, mueve la cola y ladra, es perro. Por más que quieran decir que es gato, es perro”, ironizó Casaretto.

Manifestó que Rodrigo Blás pidió licencia a sus cargos de responsabilidad partidaria y solicitó ser recibido por la Comisión de Ética, “por sensibilidad partidaria y ética”.

Casaretto también anunció que se apresta darle “estado parlamentario” a este tema. “Tiene que quedar sentado en las actas del Parlamento el proceder de la DGI en contra de un dirigente político" recalcó.

Asimismo dijo que, según consta en el expediente, hay testigos que fueron presionados para cambar su declaración. “Y todas esas cosas no se dicen”, enfatizó.

Sostuvo que como legislador tiene que controlar que el poder otorgado a la DGI no se utilice “para perseguir dirigentes, o para jorobarle la carrera política a Lacalle Pou o a Rodrigo Blás en Maldonado”.



Vea documentos aportados por Casaretto (certificado DGI, inspecciones DGI y certificado BPS) y escuche el audio de la entrevista:

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