En el comunicado emitido por la red que nuclea diferentes colectivos ambientales, señalan que los abogados de Delfín Carballo, dueño mayoritario de los padrones involucrados en el proyecto, “han solicitado la consideración de un cúmulo de informaciones y documentos que no habrían sido tenidos en cuenta en la evaluación ambiental”.
Agregan que “no son nuevas pruebas en realidad, sino trámites formales ante distintos organismos para justificar la reapertura del proceso”.
En el comunicado reafirman que “los impactos ambientales de ese proyecto han sido ampliamente analizadas por los aportes de técnicos, científicos y profesionales de las distintas disciplinas involucradas” y que “el aspecto más concluyente es la ilegalidad de la propuesta por no cumplir las normas de ordenamiento territorial y defensa costera vigentes”.
Añaden: “El proyecto inmobiliario de Carballo & Cía. implicaba una redistribución de espacios privados y públicos sobre unos padrones cuyo último registro data del año 1944, que debió ser registrada en la Dirección Nacional de Catastro en el momento del acuerdo. Al no haberlo hecho entonces y con mayor razón hoy en día, ese registro debe cumplir con la normativa en vigor”.
Los colectivos señalan que el acuerdo entre los propietarios de Punta Ballena y la Intendencia de Maldonado que dio origen al proyecto en 2014 y que fue ratificado por unanimidad por la Junta Departamental en 2017, “fue supeditado a la autorización del Ministerio de Ambiente”. “Enfrentados al rechazo en esta última instancia, el acuerdo pierde todo valor y los propietarios no tienen más que acatarlo”, sentencian.
Los colectivos nucleados en la Red en Defensa de Punta Ballena son la Asociación Vecinos de Las Grutas de Punta Ballena, Asociación Civil de Vecinos de La Rinconada y Portezuelo, la Unión Vecinal de Punta Ballena y Lagunas del Sauce y El Diario, el Movimiento No al Proyecto Punta Ballena, el Centro de Estudiantes de la Licenciatura en Gestión Ambiental, la Red Unión de la Costa y vecinos independientes.
Foto: Sociedad de Arquitectos del Uruguay
Agregan que “no son nuevas pruebas en realidad, sino trámites formales ante distintos organismos para justificar la reapertura del proceso”.
En el comunicado reafirman que “los impactos ambientales de ese proyecto han sido ampliamente analizadas por los aportes de técnicos, científicos y profesionales de las distintas disciplinas involucradas” y que “el aspecto más concluyente es la ilegalidad de la propuesta por no cumplir las normas de ordenamiento territorial y defensa costera vigentes”.
Añaden: “El proyecto inmobiliario de Carballo & Cía. implicaba una redistribución de espacios privados y públicos sobre unos padrones cuyo último registro data del año 1944, que debió ser registrada en la Dirección Nacional de Catastro en el momento del acuerdo. Al no haberlo hecho entonces y con mayor razón hoy en día, ese registro debe cumplir con la normativa en vigor”.
Los colectivos señalan que el acuerdo entre los propietarios de Punta Ballena y la Intendencia de Maldonado que dio origen al proyecto en 2014 y que fue ratificado por unanimidad por la Junta Departamental en 2017, “fue supeditado a la autorización del Ministerio de Ambiente”. “Enfrentados al rechazo en esta última instancia, el acuerdo pierde todo valor y los propietarios no tienen más que acatarlo”, sentencian.
Los colectivos nucleados en la Red en Defensa de Punta Ballena son la Asociación Vecinos de Las Grutas de Punta Ballena, Asociación Civil de Vecinos de La Rinconada y Portezuelo, la Unión Vecinal de Punta Ballena y Lagunas del Sauce y El Diario, el Movimiento No al Proyecto Punta Ballena, el Centro de Estudiantes de la Licenciatura en Gestión Ambiental, la Red Unión de la Costa y vecinos independientes.
Foto: Sociedad de Arquitectos del Uruguay
