Sobre el proyecto de ley que recientemente obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados dijo que “lo que estamos logrando es mejorar el Código del Niño en lo que respecta a este aspecto. Una separación es siempre compleja en lo que tiene que ver con la tenencia o régimen de visitas, en esas disputas los que terminan pagando son los niños que son rehenes y víctimas”.
Y agregó que “lo que este proyecto de ley hace es complementar el Código vigente y lo hace sobre la base de no perder de vista el interés superior del niño, su formación y desarrollo”.
Abdala expresó que “el INAU no puede sustituir a los padres ni a la justicia. Nosotros actuamos como auxiliares, es decir, en caso de que los jueces nos convoquen porque haya que proteger a una víctima o colaborar con la justicia técnicamente”.
Afirmó que son los padres quienes tienen la obligación y el derecho de ejercer su patria potestad.
Respecto a la rescisión del contrato que la institución mantenía con CARPEI, informó que se están realizando las reubicaciones de los 20 adolescentes que estaban ingresados en ese centro.
Expresó que “yo no hubiera querido este final pero así se dio (…) Se llega a eso por una recomendación de la jurídica donde advierte que se produjo un apartamiento del contrato”.
Abdala manifestó que se puso énfasis a la vulneración de los derechos humanos que sufrieron los niños que estaban en el centro y que “categóricamente tengo que decir que eso no es así”.
Agregó que “tengo que atenerme a los hechos que indican que de 14 denuncias, 12 fueron archivadas sin consecuencias y solo en dos casos se constataron situaciones que fueron corregidas y que tampoco fueron de una gravedad extrema. En un caso se puso una multa y en el otro una observación”.
Señaló que el INAU “tomó la decisión de rescindir el contrato por otra serie de aspectos. Habilitaron un contrato que los pliegos no admitían: el funcionamiento de dos dispositivos en un mismo proyecto, el dispositivo de atención a episodios agudos y otro para la atención de medio camino”.
Y subrayó que Carpei “no era un centro de torturas”.
(Foto: intendencia de Maldonado)
Y agregó que “lo que este proyecto de ley hace es complementar el Código vigente y lo hace sobre la base de no perder de vista el interés superior del niño, su formación y desarrollo”.
Abdala expresó que “el INAU no puede sustituir a los padres ni a la justicia. Nosotros actuamos como auxiliares, es decir, en caso de que los jueces nos convoquen porque haya que proteger a una víctima o colaborar con la justicia técnicamente”.
Afirmó que son los padres quienes tienen la obligación y el derecho de ejercer su patria potestad.
Respecto a la rescisión del contrato que la institución mantenía con CARPEI, informó que se están realizando las reubicaciones de los 20 adolescentes que estaban ingresados en ese centro.
Expresó que “yo no hubiera querido este final pero así se dio (…) Se llega a eso por una recomendación de la jurídica donde advierte que se produjo un apartamiento del contrato”.
Abdala manifestó que se puso énfasis a la vulneración de los derechos humanos que sufrieron los niños que estaban en el centro y que “categóricamente tengo que decir que eso no es así”.
Agregó que “tengo que atenerme a los hechos que indican que de 14 denuncias, 12 fueron archivadas sin consecuencias y solo en dos casos se constataron situaciones que fueron corregidas y que tampoco fueron de una gravedad extrema. En un caso se puso una multa y en el otro una observación”.
Señaló que el INAU “tomó la decisión de rescindir el contrato por otra serie de aspectos. Habilitaron un contrato que los pliegos no admitían: el funcionamiento de dos dispositivos en un mismo proyecto, el dispositivo de atención a episodios agudos y otro para la atención de medio camino”.
Y subrayó que Carpei “no era un centro de torturas”.
(Foto: intendencia de Maldonado)
