“A partir que nos enteramos que la investigación administrativa que se le había instruido a él (Loinaz) por parte de la resolución del presidente de la Junta la estaba realizando otra abogada, nos pareció fuera de lo común y sin sustento”.
González relató que el asesor letrado hizo una interpretación del decreto 500, que regula investigaciones administrativas y cuestiones disciplinarias, y concluyó que tal decreto “obliga solamente a la administración central y no a la Junta Departamental”.
“Pero de alguna manera él plantea que la Junta Departamental no está obligada a usar ese decreto y entonces a nosotros nos sigue dejando dudas en carácter de qué esta abogada está participando en la investigación”, indicó el edil.
Agregó que lo actuado por Loinaz está fuera de lo común más allá de los argumentos del asesor, por lo cual decidió pedir un análisis de las actuaciones a otro grupo de abogados.
Recordó que Loinaz tiene un contrato de trabajo con la corporación, que lo obliga a realizar la investigación aprobada hace poco más de un mes por lo cual desea saber como se está desarrollando el proceso.
El expediente que nunca llegó a la Junta Anticorrupción -por lo cual se desató la investigación interna-, corresponde a una investigación sobre presuntos vínculos de ex jerarcas y ediles de la administración Antía con aprobación de excepciones edilicias a la construcción.
González relató que el asesor letrado hizo una interpretación del decreto 500, que regula investigaciones administrativas y cuestiones disciplinarias, y concluyó que tal decreto “obliga solamente a la administración central y no a la Junta Departamental”.
“Pero de alguna manera él plantea que la Junta Departamental no está obligada a usar ese decreto y entonces a nosotros nos sigue dejando dudas en carácter de qué esta abogada está participando en la investigación”, indicó el edil.
Agregó que lo actuado por Loinaz está fuera de lo común más allá de los argumentos del asesor, por lo cual decidió pedir un análisis de las actuaciones a otro grupo de abogados.
Recordó que Loinaz tiene un contrato de trabajo con la corporación, que lo obliga a realizar la investigación aprobada hace poco más de un mes por lo cual desea saber como se está desarrollando el proceso.
El expediente que nunca llegó a la Junta Anticorrupción -por lo cual se desató la investigación interna-, corresponde a una investigación sobre presuntos vínculos de ex jerarcas y ediles de la administración Antía con aprobación de excepciones edilicias a la construcción.
