Según el informe, que está firmado por el Cr. Patricio Young de la División Auditoría del TCR, en el año 2014, en el que condujeron la intendencia de los Santos primero y Susana Hernández después, la gestión municipal tuvo un déficit operativo de $ 489 millones. La diferencia entre los ingresos y egresos el año pasado generó un déficit acumulado de $ 1.095 millones al 31 de diciembre de 2014. El déficit acumulado aumentó entonces un 80% entre el 31 de diciembre de 2013 y el 31 de diciembre de 2014.
Dentro de lo que denomina “resumen de hallazgos, el texto oficial destaca que el gobierno frenteamplista de Maldonado pagó millones de pesos a empresas suministradoras de bienes y servicios que presentaron certificados vencidos de la Dirección General Impositiva y el Banco de Previsión Social, lo que está prohibido por ley.
Asimismo, el documento señala que durante la anterior administración se refinanciaron millonarias deudas por concepto de contribución inmobiliaria sin que existiera una norma que regulara el procedimiento.
El tribunal constató además, que la administración frenteamplista concretó aportes de dinero en efectivo al fideicomiso que tiene a su cargo la construcción del Centro de Convenciones y Predio Ferial de Punta del Este. Esos aportes mencionados fueron por $ 80,5 millones. Otra partida de $ 7,02 millones fue remitida al Fideicomiso Administrativo Comisión Sectorial de Descentralización. Ambas transferencias no fueron imputadas en la ejecución presupuestal de gastos como corresponde, y tampoco fueron intervenidos por el Tribunal de Cuentas. Y tampoco fueron registrados gastos por compras de bienes por un total de $ 12,1 millones.
Entre otros aspectos, el extenso documento indica a que el cálculo para el pago del salario vacacional no fue aprobado por la Junta Departamental de Maldonado. Además, se concretaron una gran cantidad de gastos sin la previa y obligatoria intervención del TCR tal como lo establece el artículo 211 de la Constitución de la República.
El TCR sostiene que las multas por mora por el pago de la contribución inmobiliaria rural fueron aplicadas de forma ilegal por la administración al violentar lo establecido en el artículo 297 de la Constitución.
El organismo de contralor también constata que algunas alcaldías de Maldonado violentaron al menos dos leyes al ordenar y reiterar gastos hasta el límite de la compra directa. La anterior administración frenteamplista de Maldonado violentó el artículo 3 de la ley 9.515 al aprobar la suscripción de un fideicomiso financiero de vivienda de interés social al concretar transferencias de dinero al mismo, entiende el Tribunal de Cuentas.
El informe del TCR establece, por otra parte, que la pasada administración efectuó contrataciones sin tomar en cuenta el procedimiento de selección que hubiera correspondido de acuerdo al monto de las mismas. En el mismo sentido hubo contrataciones directas apelando a razones de imposibilidad de planificación y urgencia sin la certificación de los extremos que habilitan tal procedimiento como el precio y las condiciones que impone el mercado. Se apuntó que también fueron constatados incumplimientos a lo establecido en el Texto Ordenado de Contabilidad y Administración Financiera, que regula las licitaciones en el Estado, en cuanto a los requerimientos, las publicaciones y las garantías exigidas en los pliegos a quienes ofertan en este tipo de convocatorias.
Acceda al informe de hallazgos del TCR en el siguiente link:
Dentro de lo que denomina “resumen de hallazgos, el texto oficial destaca que el gobierno frenteamplista de Maldonado pagó millones de pesos a empresas suministradoras de bienes y servicios que presentaron certificados vencidos de la Dirección General Impositiva y el Banco de Previsión Social, lo que está prohibido por ley.
Asimismo, el documento señala que durante la anterior administración se refinanciaron millonarias deudas por concepto de contribución inmobiliaria sin que existiera una norma que regulara el procedimiento.
El tribunal constató además, que la administración frenteamplista concretó aportes de dinero en efectivo al fideicomiso que tiene a su cargo la construcción del Centro de Convenciones y Predio Ferial de Punta del Este. Esos aportes mencionados fueron por $ 80,5 millones. Otra partida de $ 7,02 millones fue remitida al Fideicomiso Administrativo Comisión Sectorial de Descentralización. Ambas transferencias no fueron imputadas en la ejecución presupuestal de gastos como corresponde, y tampoco fueron intervenidos por el Tribunal de Cuentas. Y tampoco fueron registrados gastos por compras de bienes por un total de $ 12,1 millones.
Entre otros aspectos, el extenso documento indica a que el cálculo para el pago del salario vacacional no fue aprobado por la Junta Departamental de Maldonado. Además, se concretaron una gran cantidad de gastos sin la previa y obligatoria intervención del TCR tal como lo establece el artículo 211 de la Constitución de la República.
El TCR sostiene que las multas por mora por el pago de la contribución inmobiliaria rural fueron aplicadas de forma ilegal por la administración al violentar lo establecido en el artículo 297 de la Constitución.
El organismo de contralor también constata que algunas alcaldías de Maldonado violentaron al menos dos leyes al ordenar y reiterar gastos hasta el límite de la compra directa. La anterior administración frenteamplista de Maldonado violentó el artículo 3 de la ley 9.515 al aprobar la suscripción de un fideicomiso financiero de vivienda de interés social al concretar transferencias de dinero al mismo, entiende el Tribunal de Cuentas.
El informe del TCR establece, por otra parte, que la pasada administración efectuó contrataciones sin tomar en cuenta el procedimiento de selección que hubiera correspondido de acuerdo al monto de las mismas. En el mismo sentido hubo contrataciones directas apelando a razones de imposibilidad de planificación y urgencia sin la certificación de los extremos que habilitan tal procedimiento como el precio y las condiciones que impone el mercado. Se apuntó que también fueron constatados incumplimientos a lo establecido en el Texto Ordenado de Contabilidad y Administración Financiera, que regula las licitaciones en el Estado, en cuanto a los requerimientos, las publicaciones y las garantías exigidas en los pliegos a quienes ofertan en este tipo de convocatorias.
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