Sobre todo en enero, los disturbios y ruidos molestos –tanto por el volumen de la música como por el trajinar de vehículos a alta velocidad en el entorno de estos puntos- generaron numerosas denuncias diarias y tuvieron en jaque a vecinos y autoridades.
Los promotores de las fiestas, generalmente jóvenes turistas, eran advertidos y notificados por inspectores y policías pero rara vez se atenían a la advertencia. Las fiestas seguían por varios días, hasta que dejaban la casa alquilada.
Ahora, el Municipio carolino parece haber encontrado la clave para erradicar el problema, aunque no recaerá sobre los responsables directos de las farras sino sobre los propietarios de las casas donde se realicen.
Luego de “hurgar jurídicamente”, con asesoramiento del área Jurídica de la Intendencia de Maldonado, las autoridades municipales descubrieron que una forma de frenar este asunto es aplicar sanciones a los padrones, que se cargarán a la Contribución Inmobiliaria.
“De alguna manera, esto traerá aparejado una preocupación de los propietarios de los bienes para ver a quiénes alquilan sus propiedades”, explicó el alcalde carolino, Gregorio Quintana, a FM Gente.
Generalmente, los conflictivos inquilinos son “grupos de jóvenes” que alquilan con el objetivo de pasar el verano y, al mismo tiempo, sacar rédito organizando fiestas privadas en las que venden alcohol.
“Eso está totalmente prohibido y, como son casas particulares, podremos aplicar sanciones sobre el padrón. Si fuera un boliche, se aplicarían multas sucesivas y crecientes, hasta la clausura”, precisó Quintana.