Los actuarios comenzaron el lunes sus medidas gremiales y los defensores analizarán los pasos a seguir en una asamblea, este jueves. Los magistrados ya resolvieron un paro y movilización para la semana próxima, si no reciben respuesta satisfactoria del gobierno.
Ferreira explicó por el momento se cumplen en las sedes judiciales las medidas de los actuarios. “La atención al público está. El tema es que los actuarios tienen sus medidas gremiales y hay trámites administrativos que no podemos firmar los funcionarios sino los jerarcas”, dijo.
“El trabajo de los funcionarios es normal, pero si un trámite ingresa dentro de la medida de los actuarios no podemos hacer nada”, advirtió. Esto haría que no se emitan oficios, ni cedulones ni se fijen audiencias, ya que estos documentos llevan la firma de los actuarios.
Ferreira añadió que cada gremio tiene su autonomía pero pueden coordinar medidas para “no afectar demasiado” al usuario. Recordó que el gobierno pidió un plazo de 10 días, que vencerá el próximo lunes, para definir de qué forma saldará la deuda. Según el dirigente, el gobierno reconoce esa deuda pero no informó cuándo la pagará ni está obligado judicialmente a hacerlo, por lo cual “de aquí al lunes se tendrá que habilitar una norma que habilite ese pago”.
La asamblea de la Asociación de Funcionarios Judiciales pasó ayer a un cuarto intermedio hasta el próximo miércoles 16, a la hora 15, cuando evaluarán la situación. “Si el gobierno no contesta en forma afirmativa para sus intereses, habrá nuevas medidas”, adelantó el vocero gremial.
Ferreira explicó por el momento se cumplen en las sedes judiciales las medidas de los actuarios. “La atención al público está. El tema es que los actuarios tienen sus medidas gremiales y hay trámites administrativos que no podemos firmar los funcionarios sino los jerarcas”, dijo.
“El trabajo de los funcionarios es normal, pero si un trámite ingresa dentro de la medida de los actuarios no podemos hacer nada”, advirtió. Esto haría que no se emitan oficios, ni cedulones ni se fijen audiencias, ya que estos documentos llevan la firma de los actuarios.
Ferreira añadió que cada gremio tiene su autonomía pero pueden coordinar medidas para “no afectar demasiado” al usuario. Recordó que el gobierno pidió un plazo de 10 días, que vencerá el próximo lunes, para definir de qué forma saldará la deuda. Según el dirigente, el gobierno reconoce esa deuda pero no informó cuándo la pagará ni está obligado judicialmente a hacerlo, por lo cual “de aquí al lunes se tendrá que habilitar una norma que habilite ese pago”.
La asamblea de la Asociación de Funcionarios Judiciales pasó ayer a un cuarto intermedio hasta el próximo miércoles 16, a la hora 15, cuando evaluarán la situación. “Si el gobierno no contesta en forma afirmativa para sus intereses, habrá nuevas medidas”, adelantó el vocero gremial.
