El documento expresa un firme rechazo al proceso electoral realizado en el país sudamericano, citando la falta de transparencia y las irregularidades que, según el comunicado, afectaron la legitimidad de los comicios.
La declaración condena las prácticas antidemocráticas asociadas con el proceso electoral y critica a ciertos actores políticos uruguayos que, según el comunicado, han elogiado el proceso electoral venezolano, ignorando las preocupaciones sobre las violaciones a los derechos humanos.
Asimismo, el texto denuncia las prácticas intimidatorias por parte del régimen venezolano y la expulsión de delegaciones diplomáticas. La Junta Departamental también demanda la publicación de los resultados electorales y la supervisión del escrutinio por observadores internacionales.
La declaración incluye un mensaje de solidaridad hacia los ciudadanos venezolanos residentes en Uruguay, quienes enfrentaron dificultades para votar y siguen siendo afectados por el régimen venezolano.