El “compromiso de gestión” fue discutido en marzo pero, según García recientemente tuvo modificaciones que tienen “problemas de principios” porque establecen sanciones para los funcionarios que no denuncien a otros cuando incumplen el compromiso. Por otra parte, está pendiente una partida de más de $ 3.000 que debió ser abonada en enero.
García dijo que hay entre 5.000 y 7.000 trámites atrasados en todo el país, según la información recabada por el gremio. No obstante, enfatizó que los funcionarios están asistiendo a trabajar para tramitar las solicitudes. “Cumplen con la mayoría de su trabajo, porque los documentos se reciben, se procesan, se califican y se auditan. Lo único es que no se entregan al usuario”, detalló.
Añadió que, de todas formas, el gremio estableció una comisión de excepciones que debe de cumplir ciertos trámites. “Por ejemplo cuando hay una vida en riesgo, se hace, igual que con personas que vienen del extranjero”, aclaró García.
La dirigente dijo que la medida se mantendrá por tiempo indeterminado, aunque está abierto el diálogo con las autoridades del Ministerio de Educación y Cultura (MEC), de la cual dependen los funcionarios registrales.
El conflicto ingresó en su tercera semana y son diversos los gremios profesionales y empresariales, además de usuarios, que manifiestan su molestia por la demora en el trámite. Esto impide, entre otras transacciones, vender o comprar muebles e inmuebles.
García dijo que hay entre 5.000 y 7.000 trámites atrasados en todo el país, según la información recabada por el gremio. No obstante, enfatizó que los funcionarios están asistiendo a trabajar para tramitar las solicitudes. “Cumplen con la mayoría de su trabajo, porque los documentos se reciben, se procesan, se califican y se auditan. Lo único es que no se entregan al usuario”, detalló.
Añadió que, de todas formas, el gremio estableció una comisión de excepciones que debe de cumplir ciertos trámites. “Por ejemplo cuando hay una vida en riesgo, se hace, igual que con personas que vienen del extranjero”, aclaró García.
La dirigente dijo que la medida se mantendrá por tiempo indeterminado, aunque está abierto el diálogo con las autoridades del Ministerio de Educación y Cultura (MEC), de la cual dependen los funcionarios registrales.
El conflicto ingresó en su tercera semana y son diversos los gremios profesionales y empresariales, además de usuarios, que manifiestan su molestia por la demora en el trámite. Esto impide, entre otras transacciones, vender o comprar muebles e inmuebles.
